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Declaración del HCD de la Facultad de Psicología ante la imputación y posterior procesamiento penal a veintisiete estudiantes de distintas Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba

El H.Consejo Directivo de la Facultad de Psicología (DHCD8-2018) declara su profunda preocupación ante la imputación y posterior procesamiento penal a veintisiete estudiantes de distintas Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, entre los/as cuales se encuentra una estudiante de la Facultad de Psicología, por la ocupación pacífica del Pabellón Argentina durante el mes de septiembre de 2018, en el marco del conflicto por el salario docente, nodocente, contra el desfinanciamiento de la educación pública, y en exigencia por un mayor presupuesto universitario, entre otras reivindicaciones del claustro estudiantil.

El procesamiento de estudiantes, y de cualquier miembro de la comunidad universitaria que ejerza el derecho constitucional a la protesta, pone en riesgo la calidad del régimen democrático y participativo. Entendiendo que la protesta es un derecho fundamental, base de conquistas de reivindicaciones de todos los sujetos políticos de nuestra Universidad y las universidades de todo el país, y que representa la democracia por la que luchamos y que defendemos todos los días desde hace más de 40 años.

En el plano universitario, el claustro estudiantil siempre ha sido importante en la generación de medidas de acción directa para reclamar, ampliar y garantizar el cumplimiento de nuestros derechos como estudiantes, los de nuestras universidades y, en diversos contextos históricos, los de nuestro país.

La judicialización e injerencia del Sistema Penal en el ejercicio del derecho a la protesta en el ámbito universitario pone en riesgo la autonomía de cualquiera de sus claustros a la hora de ejercer derechos legítimos, reconocidos y protegidos por nuestra Constitución Nacional como forma de libertad de expresión (art. 14, 32) y en tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos que reconoce la libertad de pensamiento, de conciencia y religión (art. 18) y la libertad de opinión y expresión (art. 19).

Consideramos que los conflictos y manifestaciones políticas que se generan en nuestra Universidad deben canalizarse dentro de los marcos de la autonomía universitaria, por las vías institucionales y jurídicas existentes, para tramitar acciones y demandas de los distintos claustros, sin intervención policial ni judicial.
Esta medida del poder judicial se da en un contexto donde se profundiza el uso de la coerción, la persecución política, la criminalización de la protesta y las políticas represivas, como mecanismos para resolver los conflictos que se generan en diferentes ámbitos de nuestra sociedad.

Por ello, rechazamos el avasallamiento de la autonomía universitaria y la criminalización de la protesta, desestimamos el proceso que hoy está llevando a cabo la Justicia Federal e invitamos a la comunidad universitaria y a toda la sociedad a solidarizarse con los/as estudiantes procesados/as.